La famosa reforma constitucional del año 2011 introdujo importantes principios a nuestro sistema jurídico en materia de derechos humanos, entre ellos, el de progresividad, que implica también la no regresividad.
Dicho en palabras sencillas, todos los derechos reconocidos y avances sociales que se hayan logrado, no pueden ser tocados por el Estado mexicano. No es posible que se regrese a una situación anterior a esos logros.
Cualquier medida o decisión que se tome debe ser al menos tan favorable como la situación actual, y no puede empeorar la condición de las personas o grupos afectados.
El postulado sigue formando parte del texto constitucional, sin embargo, hoy es letra muerta para nuestras autoridades. Quienes gobiernan se han empeñado en dejar de aplicarlo. En lugar de ello, se han esforzado con tremendo afán en privar a la ciudadanía de aquello que hasta hoy le era reconocido como un derecho.
“Queremos justicia cercana.”
“Queremos jueces del pueblo, nombrados por el pueblo.”
“Queremos un poder judicial humano, integrado por personas que el pueblo designe, porque las conozca y confíe en ellas.”
“Queremos leyes más justas.”
La implementación de los anhelos del pueblo sabio que conforma este país, curiosamente se ha traducido en una regresión. La división de poderes desapareció, la carrera judicial se extinguió, los jueces del bienestar llegaron a tomar su lugar, y con ellos, una avalancha de irregularidades, despropósitos y vejaciones a los derechos de los ciudadanos.
Por si esto no fuera suficiente, ahora nuestro flamante Poder Legislativo reforma la Ley de Amparo, para suprimir más derechos.
Así, gracias a la nueva justicia “cercana y transparente”, hoy no es posible seguir las sesiones en vivo de los tribunales colegiados de circuito.
¿En verdad era muy lejana la justicia cuando podíamos ver a los juzgadores resolver en vivo?
La resolución de asuntos en cada uno de los órganos de impartición de justicia se ha ralentizado y, en algunos casos, detenido.
Los juzgadores del bienestar exhiben su desconocimiento en cada oportunidad que se les brinda, a la par que realizan videos en los que muestran la ropa que usarán cada día de la semana para ir al trabajo, o nos comparten los dulces momentos en que se despiden con un beso de su pareja.
Un ministro nos da pequeñas cátedras de derecho para estudiantes que inician la carrera y además nos invita a utilizar la inteligencia artificial para no agotarnos demasiado.
El Presidente del más Alto Tribunal adelanta criterio sobre aquellos temas que le interesa comentar, olvidándose por completo de su delicada función.
Ni qué decir de las “discusiones” del Pleno, que inician con frases en alguna lengua indígena, o con minutos de silencio, en respeto a las “víctimas del 68”, para dar paso a una muy mala exposición del asunto a tratar, incomprensible, incluso, para la propia ponente, y que dan lugar a intervenciones en las que se dice todo y nada a la vez.
Una de las ministras, con una agenda política bien definida (porque, claro, ese es su trabajo), habla insistentemente sobre derrotar la cosa juzgada y fijar “temporalidad” a las sentencias.
Y así, poco a poco, el pueblo bueno va perdiendo derechos; las instituciones van desapareciendo o diluyéndose, de tal manera que nuestro sistema jurídico se asemeja mucho a las calles de la ciudad: abandonado, lleno de agujeros, mal parchado. Los ciudadanos no tenemos más remedio que transitar por ahí, rogando a los Dioses salir bien librados.
Como esto no ha sido suficiente, la Ley de Amparo se reforma una vez más, para cerrar puertas y hacer más tortuoso el cumplimiento de una sentencia, en el remoto caso de que el juez conceda el amparo.
¿Y por qué no? Legislar en un transitorio en contra de lo que dice la Constitución Federal, lo que constituye un golpe directo a la certeza jurídica, viola el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional y atenta contra la esencia protectora del amparo.
Con el transitorio incluido en la reforma es posible cambiar las reglas a mitad del partido para blindar los abusos de las autoridades y fuera de toda técnica legislativa y de respeto por la Ley Suprema.
Lo más grave es que si permitimos la retroactividad en la Ley de Amparo estamos abriendo la terrible posibilidad de que también exista en otras materias, entre ellas la penal.
Son pocas las personas conscientes de la gravedad de lo que nos ocurre.
La mayoría de la población está tratando de sobrevivir en medio del caos, las inundaciones y la pobreza.
Entre tanto, nuestras autoridades siguen entregando pensiones (que cada vez alcanzan menos), organizando conciertos masivos y mintiendo de manera sistemática y sin ningún decoro.
A veces, la libertad no se pierde de un solo golpe, ni de manera estrepitosa. Se va perdiendo lentamente, paso a paso, pensión, tras pensión, silencio tras silencio, bienestar tras bienestar.
Aun así, no debemos olvidar nunca que “Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar”.
