Más allá de la indignación derivada de la imagen al aseo del calzado de Hugo Aguilar Ortiz en Querétaro, que ganó la nota a los discursos oficiales, la revisión de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los ministros arrojan indicios interesantes y reveladores.
Sin duda, la transparencia ha tenido con esta integración una notoria regresión para acotar la información que pudiera mostrar contradicciones inexcusables con un discurso de austeridad que no se honra en los hechos. Bastaría con entrar en detalles sobre los gastos de las ceremonias de “purificación” -con bastones de mando, limpias e inciensos incluidos-, por más de 1 millón 250 mil pesos, sastrería para las togas bordadas con flores; o la adicción institucional por las adjudicaciones directas especiales.
En la lectura a detalle de algunas declaraciones patrimoniales hay signos de opacidad, con tendencia a evitar datos comprometedores, que tampoco tendrían respuesta a través de los destruidos sistemas de acceso a la información pública.
Vamos con cuatro ejemplos.
Lenia Batres: En su declaración patrimonial de inicio 2024, declaró no tener propiedades o vehículos, tuvo en 2023 ingresos mensuales netos de 206,948 pesos. En el informe de modificación 2025, dijo haber percibido 3 millones 531 pesos de los cuales afirma haber devuelto 1 millón 479,000. Es clienta frecuente de IKEA donde adquirió muebles por 300 mil pesos. Cabe recordar que dice trabajar mucho y por eso pedía en su tupper cortes finos de la cocina de la Corte para degustarlos fuera de su nada austera oficina.
Hugo Aguilar Ortiz: Sólo cuenta con declaración patrimonial de inicio por el arranque de su encargo en septiembre de 2025, como presidente de la Corte. Entera una remuneración mensual neta de 130 mil 990 pesos y durante 2024, ingresos de 1 millón 582 mil pesos. Sobre sus inmuebles, cuentas o inversiones omite dar detalles y usa esta leyenda “Todos los datos de bienes declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros que sean en copropiedad con el declarante no serán públicos”.
Estela Ríos: Declara tener ingresos mensuales netos por 133 mil pesos y reconoce ser propietaria de 3 departamentos, ninguno mayor a 70 metros cuadrados, y un terreno de 164 metros cuadrados. Se observa que es fanática de los fondos de inversión y sin reportar montos, reconoce tener 5 en diversos bancos y un capital sin publicar cantidades en bonos gubernamentales a través de Nacional Financiera.
Loretta Ortiz: Es una de las que mayor información patrimonial pone a disposición al reconocer en su declaración modificada 2025 ingresos netos anuales por 3 millones 951,679 pesos. Dice haber recibido pensión del IMSS por un monto anual de 581,225 pesos, recibir por concepto de arrendamiento de un departamento de su propiedad 123 mil pesos en 2024 y haber cobrado un seguro institucional tras el fallecimiento de su esposo por 15 millones 632 mil pesos. Informa tener por herencia joyas con valor de 2 millones de pesos y obras de arte valuadas en 5 millones de pesos.
Los datos patrimoniales publicitados sugieren una simulación de transparencia. En 3 semanas los escándalos frecuentes con disparos en el pie se han multiplicado y producido un acelerado deterioro reputacional que ya es irreversible. La Corte “del pueblo” tan sólo lleva en funciones 5 meses y 9 días de febrero.
EDICTOS
En este Poder Judicial que destruyó al anterior, nada les sale bien. Son presas de su propia soberbia, falta de oficio e ignorancia, como se venía venir con una reforma que devaluó a la impartición de justicia federal. Se vendieron cambios que fueron contraproducentes y agudizan vicios. Otra joyita en el rosario de pifias interminables es el perfil de quien cubrió la vacante de Lorena Josefina Pérez Romo en el Órgano de Administración Judicial, se trata de Xóchitl Almendra Hernández, famosa por su absurdo comentario “sí entiendo, no tengo autismo”.
