En Guadalajara el agua está podrida. Huele mal, tiene color extraño, deja residuos, irrita la piel y enferma. Sale de la llave como si viniera del drenaje y, aun así, llega acompañada de un recibo puntual que el ciudadano debe pagar como si se tratara de un servicio público de calidad. La autoridad lo ha reconocido a medias: agua turbia y maloliente en cientos de colonias. Los estudios independientes lo confirman: bacterias, metales pesados e incluso restos fecales en el suministro. Las causas son conocidas: descargas clandestinas, infraestructura obsoleta, plantas rebasadas y una red abandonada. A eso se suma un organismo operador saturado de malas prácticas y corrupción.
El suministro de agua potable es una obligación constitucional vinculada al derecho humano al agua y a la salud. Cuando el Estado distribuye agua contaminada de manera generalizada, viola esos derechos. Si ese incumplimiento es sistemático, prolongado y afecta a una colectividad, deja de ser una irregularidad administrativa para convertirse en materia de responsabilidad exigible por vía jurisdiccional. La acción colectiva es una opción, ya que es el mecanismo idóneo para enfrentar abusos de esta naturaleza.
En México las acciones colectivas han tenido un desarrollo pobre y errático. No han generado precedentes robustos ni han modificado conductas estructurales del poder público o de grandes prestadores de servicios. El caso del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara reúne los elementos clásicos de procedencia: una conducta u omisión imputable a un proveedor —el SIAPA—, un daño generalizado a una colectividad amplia y un nexo causal acreditable mediante prueba técnica. Es un caso de manual.
La diferencia entre una queja ciudadana y una acción colectiva está en la estructura. Aquí no se trata de acumular inconformidades, sino de construir un litigio con rigor probatorio: muestreos certificados, dictámenes periciales, identificación de fuentes de contaminación, trazabilidad del sistema de distribución y acreditación del riesgo sanitario. A partir de ahí, la pretensión no debe limitarse a la indemnización, sino incorporar a la condena el pago por daños punitivos como mecanismo para romper la lógica de impunidad que ha caracterizado a esa y a muchas más autoridades indolentes. Existen precedentes en México, particularmente en materia de consumo frente a grandes desarrolladores turísticos, donde los tribunales han validado sanciones económicas que rebasan la simple reparación del daño para castigar conductas reiteradas y disuadir su repetición. A eso debemos aspirar: que incumplir salga caro. Junto a ello, deben imponerse obligaciones de hacer y de no hacer: estándares verificables de potabilidad, sistemas de monitoreo independientes, publicación obligatoria y en tiempo real de la calidad del agua, programas calendarizados de mantenimiento bajo supervisión judicial y un régimen de sanciones por incumplimiento. Es decir, convertir la negligencia en condena judicial.
El punto es simple: mientras el problema permanezca en el terreno administrativo, será tratado políticamente; cuando llegue al terreno jurisdiccional, tendrá consecuencias. Administrar la crisis es más rentable que resolverla. La acción colectiva altera esa ecuación porque introduce costos jurídicos, exposición pública y la posibilidad de ejecución forzosa. Obliga a responder donde antes bastaba con justificar la ineficiencia.
México no tiene tradición en litigios colectivos eficaces. Las acciones colectivas están en ese punto: o se convierten en instrumentos de presión efectiva o seguirán siendo letra muerta. El caso del agua en Guadalajara ofrece una oportunidad clara para romper esa inercia. Nadie puede sostener jurídicamente la distribución de agua contaminada sin incurrir en responsabilidad.
Lo que está en juego no es solo la calidad de un servicio, es la capacidad de la sociedad para exigir cumplimiento. Porque lo que hoy sale de la llave no es solo agua sucia, es la prueba de un Estado que incumple y de una ciudadanía que aún no ha decidido obligarlo. Y en derecho, lo que no se exige, simplemente no existe.
