Foto: EL CEO
La sorprendente velocidad con la que interviene la Comisión Bancaria y de Valores, en realidad tendría la intención de tapar los nombres de poderosos personajes presuntamente vinculados al blanqueo de dinero sucio.
Compran voluntades, forcejean para presionar a juzgadores federales, ni se diga a los locales en la Ciudad de México, mucho más vulnerables al tráfico de influencias como ha denunciado su combativo sindicato de trabajadores. Es una cofradía en la que intervienen despachos deshonestos, participan ex funcionarios y cercanos a Palacio Nacional para incidir en negocios turbios.
El ex consejero jurídico que llegó a ser considerado hermano putativo de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo factor a través de su despacho en diversos asuntos entre particulares y dependencias del gobierno federal o empresas públicas como PEMEX.
Las operaciones se relacionan a montos de gran cuantía en casos que consideran susceptibles, la táctica se enfoca algunas veces en generar percepciones alejadas de la verdad jurídica. Un contexto que explica estas tropelías vincularía también a Arturo Zaldívar y algunos de sus cercanos colaboradores. En 2023 la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal cortó en ese momento la influencia de su antecesor, sin embargo no fue totalmente erradicada por sus conocidas habilidades para sostenerse en los escalones del poder, tras la destrucción del Poder Judicial Federal independiente que él mismo operó.
El bombazo proveniente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sido devastador y señala a México como un país poco confiable en su estrategia para combatir el blanqueo de capitales e incluso exhibe las presuntas complicidades entre instituciones financieras y los carteles de las drogas que del otro lado del Bravo si son investigados y acá son solapados. Ahora que será testigo protegido, Ovidio Guzmán tendrá mucho que decir respecto a los involucrados.
CiBanco tiene un historial en el que aparecen diversos casos singulares dignos de revisión, que curiosamente han pasado por alto diversas autoridades mexicanas. La denuncia que ahora los pone en el foco del escándalo desde Washington explica en gran medida porqué este banco ha sido protegido desde el poder político, junto con Vector de Alfonso Romo e Intercam.
Foto: Político MX
El caso de Tecnologías Relacionadas con Energías y Servicios Especializados (TRESE) es emblemático en esta coyuntura porque dibuja fielmente la batalla contra las corruptelas solapadas desde el poder político. Ocho años en disputa para defenderse del despojo de los recursos que por derecho le corresponden ante PEMEX, Nuvoil, la empresa Coastal, Ci Banco y hasta el United Overseas Bank Limited, una financiera multinacional de Singapur que ha sido alcanzada por el escándalo globalizado.
La naviera mexicana pelea contra una quiebra inducida para desplazarla, sin embargo hay decisiones jurisdiccionales firmes y vigentes que les dan la razón para recibir los recursos que le corresponden.
Estos son los antecedentes: En 2012 Coastal de Malasia y Nuvoil participaron en una licitación para la extracción de gas en Cantarell que ganaron gracias a la experiencia y fortaleza financiera de Trese, una vez logrado el contrato de 500 millones de dólares, la empresa malaya ejecutó un plan con los despachos Guerra y Asociados y Rivera Gaxiola para hacer a un lado a quienes le habían permitido triunfar en esa licitación.
La táctica fue propiciar una quiebra en la que arrebataron recursos del socio que les abrió la puerta de ese contrato ante PEMEX que se ha negado sistemáticamente a cumplir una resolución que los obliga a pagar a la naviera mexicana más de 27 millones de dólares y a depositarle en un fideicomiso cerca de 37 millones de billetes verdes. En ejecución de sentencia obtenida en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la juez Séptima de Distrito en Materia Civil en la capital, Concepción Martín Argumosa ordenó a la paraestatal que dirigió Octavio Romero Oropeza pagar los casi 60 millones de dólares durante el sexenio pasado.
PEMEX, alineada a los intereses de los despachos mencionados ha incumplido resolutivos judiciales inobjetables. El United Overseas Bank de Singapur fue demandado por TRESE para que restituya el dinero que Coastal y Nuvoil le transfirieron de forma irregular. Al final del día se trata de hacer respetar el derecho que tiene una empresa mexicana para acceder a los recursos que le corresponden y combatir un desplazamiento tramposo operado por los despachos antes mencionados. Este es sólo uno de varios casos en los que la influencia de Julio Scherer Ibarra operó para lograr beneficios indebidos.
¿Por qué a estas alturas menciono el caso TRESE? Por las denuncias que señalan a CiBanco desde los Estados Unidos ameritan una revisión exhaustiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la intervención gerencial que actualmente realiza. No sólo se trata de un presunto lavado de dinero, sino de una serie de operaciones que afectan la credibilidad de esa institución financiera, ahora señalada nada más y nada menos que por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Como conclusión, la inmediata actuación de la Comisión Nacional Bancaria que preside Jesús de la Fuente Rodríguez estaría encaminada a tapar los nombres de los involucrados en esta trama que alcanza directamente al ex-presidente López Obrador y los negocios de sus hijos, más que investigar las irregularidades en CiBanco, Vector e Intercam.
EDICTOS
En la trama del caso Zimapán que exhibe una infamia que estremece al estado de Hidalgo gobernado por Julio Menchaca, aparecen nexos causales que involucran a personajes de la política local que usan a menores de edad abandonadas por su propia madre, con fines oscuros en la sucesión a la gubernatura de aquella entidad. En la historia digna de una novela policíaca está vinculado también el llamado sindicato del cemento, encabezado por José Neri Ortega que con impunidad amedrenta a Zimapán, un enclave minero esencial en la vida económica del centro del país. El Senador morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández, es capaz de vender su alma al diablo con tal de lograr la candidatura al gobierno de Hidalgo y para ello hace todo lo posible para emproblemar a Menchaca, calentando políticamente la plaza con el respaldo de Adán Augusto López, líder de Morena en la Cámara Alta. Otra pieza clave en la insidia contra Arturo Williams Trejo Leal y su esposa, que enfrentan una persecución penal carente de pruebas por el presunto abuso contra sus sobrinas, es la diputada local Carmen Lozano Moreno que se ha enriquecido con la distribución de agua potable en esa entidad en detrimento de los pobladores de la región, que Arturo Trejo Leal defendió como luchador social desde Zimapán. Este asunto muestra con claridad la bajeza de un señalamiento que carece de pruebas, destruye vidas y manipula a las autoridades locales para violentar el derecho a la presunción de inocencia de quienes estorban en la ejecución de un plan perverso. Aylén Trejo Leal, utilizada por Lozano para eliminar de la escena a su propio hermano, enfrenta carpetas de investigación por fraude procesal, despojo, violencia intrafamiliar, tentativa de homicidio, corrupción de menores y amenazas; curiosamente estas indagatorias duermen con la mano perversa de la legisladora local del Partido Verde, que me dicen, pronto será investigada a fondo. Bastaría con revisar el origen del dinero con el que se hizo del proyecto ecoturístico del hotel Xanadú y otros negocios en Hidalgo. El asunto ya alcanzó notoriedad nacional e involucra también a la Secretaría de Gobernación que también juega en el linchamiento.
