El año comienza con grandes sacudidas en el Órgano de Administración Judicial. Somos testigos del primer gran escándalo relacionado con presuntos actos de corrupción, que ya han cobrado la primera renuncia en la cúpula de su pleno, con la dimisión de Lorena Josefina Pérez Romo, juzgadora incondicional del grupo Zaldívar.
La magistrada, que respaldó el proceso de la reforma judicial y pretendió ser ministra por voto popular bajo la falsa premisa de que era necesaria una limpia para sanear a la Corte y a lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal, fracasó en su intento de ponerse la toga y ahora se ve envuelta en un torbellino de insidias que llega cuatro meses después del arranque de su periodo como integrante de esta administración.
En esto de las renuncias, las formas siempre son indicativas del fondo que las desencadena. Resulta que, en el caso de Pérez Romo, la confrontación con Néstor Vargas derivó en el despido inmediato de toda su ponencia. En total, aproximadamente 60 rescisiones de contrato para echar a la calle prácticamente a todo el staff de la magistrada, ejecutadas el martes 6 de enero de 2026.
No pidieron renuncias, sino que rescindieron contratos a cada uno de los colaboradores de Pérez Romo sin explicar las causas de su cese. La sorpresa fue mayúscula entre los afectados, ya que trascendió que la incondicional de Zaldívar habría presentado su renuncia desde diciembre, sin decir una palabra a sus colaboradores, para no volver a pisar su oficina. En la primera sesión de este año, el OAJ hizo efectiva la dimisión en sesión privada el lunes 5 de enero, lo que despertó especulaciones respecto de las causas que originaron la renuncia de la juzgadora, que —según me dice una fuente de alto nivel al interior de la institución— estarían relacionadas con una red de funcionarios que pedía “moches” a cambio de la autorización de contratos otorgados en cuestionadas adjudicaciones directas.
A Lorena Josefina Pérez Romo también se le vincula con el llamado grupo Oaxaca, al que pertenecen su esposo, el exconsejero Alejandro González Bernabé, y Constancio Carrasco Daza, quienes operaron la agenda de Arturo Zaldívar junto con Carlos Alpizar, señalado y denunciado por diversos exjuzgadores federales por las presiones ejercidas para dirigir sentencias con interés político y económico en lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal.
El ganador en esta crisis es Néstor Vargas, presidente del Órgano de Administración Judicial, uno de los hombres fuertes de Claudia Sheinbaum en el Poder Judicial. Fue consejero jurídico en la Ciudad de México durante el periodo en que la hoy Presidenta de la República encabezó el gobierno capitalino.
El escándalo apenas comienza; las causas y sus detalles darán mucho de qué hablar en los próximos meses. Se dice que la renuncia tuvo como condición garantizar impunidad en el entramado de los presuntos “moches”. Tras la confrontación, Vargas se deshace de su principal rival y logra comenzar el año aún más empoderado en la administración de los órganos jurisdiccionales en todo el país.
EDICTOS
En el frente de la Corte, 2026 comienza con la renuncia de Rafael Coello Cetina, quien fungió como secretario general de Acuerdos del Pleno durante más de 15 años, con seis distintos presidentes del Máximo Tribunal. Coello era incompatible con la naturaleza de esta Corte, producto de la reforma del acordeón que destruyó la carrera judicial; sin embargo, logró sobrevivir durante cuatro meses en el periodo de Hugo Aguilar Ortiz, quien —se dice— accedió a la petición de Lenia Batres para sacar al experimentado funcionario.
Trascendió que Batres le reprochaba a Rafael Coello el cumplimiento de su responsabilidad al intentar aclarar votaciones que exhibieron la ignorancia jurídica y procedimental de la togada al expresar sus decisiones en diversas sesiones. Batres no entiende que no entiende: ahora fulmina a quien trató de darle coherencia a los vergonzosos enredos y confusiones exhibidos en este pleno “del pueblo”.
