Transitorios
Por: Carlos Román
Qué grave ha resultado la corrupción del lenguaje por parte de aquellos que tienen en la palabra el instrumento por excelencia para hacer política. Las ofensas sin límite nos han llevado a dejar a un lado el diálogo como fundamento de la política, para llegar hasta el extremo de judicializar la democracia.
La descalificación y el insulto sistemático como respuesta a toda crítica, a todo cuestionamiento, por menor que sea, solo se explican como un intento de mantener una popularidad que permita justificar el fracaso de un gobierno que ahora tiene miedo de perder, por la fuerza de la democracia, los votos que esta le dio en el pasado para transformar al país. La gente votó por menos corrupción, menos impunidad, menos inseguridad. El gobierno, del que se esperaba mucho, está dejando un país en peores condiciones de las que teníamos hace cuatro años, y eso ya es mucho decir. El voto de castigo y del arrepentimiento existe y puede ser abrumador. Lo saben, y por eso su desesperación.
Para la nueva élite gobernante, es fácil señalar a los culpables de nuestros males. La justificación se encuentra en los actos de aquellos que, en el pasado, hundieron al país en la violencia y la corrupción. Hoy repiten, una y otra vez, que fueron los conservadores el origen de todo lo malo y que son la causa del actual fracaso. No hay el más mínimo sentido de autocrítica. Si esto se repite todos los días, a todas horas, por parte del presidente y su coro de aduladores que lo rodea, muchos acabarán creyéndolo, pero muchos más ya no. Con desencanto estamos viendo que el voto que dimos en 2018 fue otro fracaso, otro sexenio perdido, otra esperanza fallida.
Pero, además del pasado, también se culpa a los organismos e instituciones públicas que no se encuentran bajo la égida del Ejecutivo, como el INE y el Poder Judicial. El primero ahora depende de lo que resuelva el segundo sobre el llamado Plan B, que busca destazarlo. Así, en este gobierno seremos testigos ya no solo de la judicialización de la política, sino de la resolución judicial que salvará o condenará a todo el régimen democrático que nos hemos dado con mucho esfuerzo. Eso debe perturbarnos y ocuparnos para que no suceda.
Contar con un Poder Judicial autónomo es indispensable para combatir la impunidad, que lleva implícita la corrupción. Pero, como la autonomía molesta al gobierno, la respuesta es el ataque cotidiano contra jueces, magistrados y ministros. Porque actuar en apego a la ley a veces implica emitir sentencias que no gustan a muchos, máxime si están acostumbrados a hacer lo que su voluntad dicte o a tener, en la procuración de justicia, la fuerza del Estado para doblar a los no sometidos, cobrar antiguos agravios y venganzas personales, o de plano encarcelar, amordazar y hacer capitular al oponente. Estas amenazas buscan limitar la autonomía de los juzgadores para que sus resoluciones no exhiban la impericia o el uso faccioso de la fuerza del Estado cuando así les conviene.
Nuestra vida democrática, en lugar de consolidarse, va dando tumbos. Está sometida a tremendas presiones por quienes, mediante el poder, engañan y mienten. Pero hemos visto cómo la dimensión de lo ciudadano empieza a despertar y tomar forma. Ya no será tan fácil que se cumpla cualquier despropósito de este y de otros gobiernos. Erróneamente, se subestimó la dimensión de la clase media como sector fundamental de cualquier sociedad. Es ella la que inicia el cambio o mantiene un régimen. Ya no son súbditos.
Seguramente, este despertar ciudadano obligará a los partidos políticos de oposición a contrarrestar el anti-partidismo que se ganaron a pulso por el inmenso cinismo de sus dirigencias de ayer y de hoy. Esperemos que se porten a la altura y puedan cambiar sus intereses inmediatos por el interés de la Nación, que demanda contrapesos. Dejar todo en los hombros de la Suprema Corte no alcanzará para salvar la democracia. Por ello, con la fuerza de la gente, se debe imponer la fuerza de la verdad. Ha sido mucha mentira. ¡Ya basta!
