La Barra Mexicana Colegio de Abogados alerta sobre una ley que vulnera derechos humanos protegidos por la Constitución
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, manifiesta su preocupación ante las
iniciativas presentadas para expedir la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública
y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad
Pública. Estas propuestas incluyen disposiciones que ponen en riesgo derechos fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las
comunicaciones, establecidos en el artículo 16 de la Constitución.
Las iniciativas plantean la creación de bases de datos con información personal, fiscal,
financiera, telefónica y biométrica de las personas, sin orden judicial, sin criterios
claros sobre su necesidad o proporcionalidad, y sin medidas adecuadas de seguridad
ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Se propone un registro similar al
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que fue declarado
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violar los derechos
a la privacidad y a la protección de datos personales.
La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que el uso indiscriminado de
tecnologías de vigilancia por parte del Estado representa una seria amenaza para la
libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad en la era digital. La
recopilación y almacenamiento de datos personales debe aplicarse solo en casos
excepcionales, ser necesaria, proporcional y contar siempre con la autorización de
una autoridad judicial.
Fortalecer las capacidades del Estado para investigar delitos no debe dar lugar a la
vigilancia masiva ni a normalizar el acceso a datos sensibles sin supervisión
judicial. Por ello solicitamos respetuosamente al Poder Legislativo que revise estas
iniciativas para asegurar su apego a la Constitución y a los estándares internacionales
de derechos humanos.
Proponemos dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para ejercer un control
efectivo, y establecer órganos independientes que supervisen las bases de datos
autorizadas conforme a estos criterios, ya que su manejo afecta directamente el
derecho a la vida privada. Asimismo, hacemos un llamado a entablar un diálogo
amplio con personas expertas en derechos humanos y tecnología, para construir un
marco legal equilibrado que proteja a la ciudadanía sin poner en riesgo sus libertades.
