Afirmando Amarras
El artículo 17 de nuestra Constitución Política comienza así: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar un derecho.” Suena bien, es lo correcto.
Corresponde al Estado la persecución de los delitos y el establecimiento de tribunales en los que se diriman los conflictos entre particulares. Es el Estado el que debe garantizar a la ciudadanía la protección de sus bienes, su seguridad personal y la de los suyos.
En días pasados fuimos testigos involuntarios del asesinato de dos personas, llevado a cabo por una mujer de 73 años, que disparó sobre ellos. El motivo: la negativa a desocupar un inmueble de su propiedad.
La noticia trascendió a través de todos los medios de comunicación y (para asombro de nadie) las reacciones sociales fueron de aprobación total ante la comisión de un delito. De inmediato circularon caricaturas y “memes” en apoyo a Carlota, la mujer que apretó el gatillo; podemos verla caracterizada como justiciera, vengadora, heroína, mujer valiente y de carácter “que defiende lo suyo”.
Esta acción y las reacciones que ha provocado son, en el fondo, el reflejo de una sociedad perdida, violenta y desesperada, de ciudadanos despojados de sus derechos elementales.
“Los linchamientos suelen ser el fruto de la rabia acumulada ante la inexistencia regional o local o nacional del Estado de Derecho, esto, que no lo justifica de modo alguno, nos explica la metamorfosis de la comunidad afectada, que al cabo de unas horas, o de unos minutos se convierte en ´lynching mob´ que hace de la tortura y el asesinato sus instrumentos de reivindicación.” “Justicia por propia mano”. Carlos Monsiváis. CNDH.
No aplaudo a Carlota, no aplaudo a quienes la despojaron de un bien, menos a las autoridades que nunca le dieron respuesta a su reclamo. No justifico, bajo ningún motivo, que las personas “hagamos justicia” o resolvamos nuestras diferencias de forma violenta, bajo la ley del más fuerte.
Puedo comprender la desesperación e impotencia de quienes esperan en vano el apoyo de las autoridades para defender su patrimonio, sus bienes y derechos. Veo en sus ojos desesperanza y falta de confianza en el gobierno, en las policías y en “la justicia”.
Las personas presentan denuncias, realizan trámites, inician procesos para defender sus derechos, y se encuentran con funcionarios mal encarados que los rechazan o les solicitan documentos que ellos pueden obtener de sus propios archivos, gestiones que no tienen lógica ni razón, y la expresión clásica “dese una vuelta la próxima semana para ver qué hay”. Así, los días se vuelven meses, los meses se vuelven años, y no obtienen respuesta; su situación empeora, y con ella, la rabia contenida.
Carlota se atrevió y muchos empatizan con ella. Están cansados, enojados, vulnerables. Hay hartazgo social frente a un Estado que ignora su clamor y que, curiosamente, actuó con diligencia para detenerla y someterla a proceso.
“Si la marejada social la protege la descomposición del aparato judicial, es igualmente perversa la idea de la justicia por propia mano. ¿Qué quiere decir esto?,¿Qué en vista de fallas inmensas del poder judicial y de los cuerpos de seguridad pública es hora de la autonomía jurídica de las comunidades?, ¿Qué hay que modificar los usos y costumbres correspondientes a la aplicación directa de la justicia?, ¿Qué el delito autoriza a un grupo a convertirse en turba exterminadora?” Carlos Monsiváis.
Una mujer apretó el gatillo, pero la pistola estaba cargada hace mucho y no solo de balas, sino de profunda frustración, resentimiento y violencia; de instituciones rotas y de fracasos.
Lo ocurrido nos debe llevar a reflexionar. Ninguna sociedad florece en un ambiente como el nuestro. La muerte no debe ser un argumento que justifique ninguna acción. En un país justo, las instituciones garantizan el respeto de los derechos de las personas, nadie los toma por propia mano.
