La valentía del alcalde de Uruapan en medio de un Estado fallido, bajo ninguna circunstancia será un asesinato más que normaliza la impunidad como había venido siendo con otros gobernantes municipales eliminados por la delincuencia organizada. Y aquí un dato escalofriante, desde 2005 a la fecha han sido ejecutados en Michoacán 10 alcaldes en funciones.
Mientras el tema principal en los medios indigna con justificada razón a la opinión pública, un plan perverso se estructuró en la Corte que no es menos grave, en detrimento de la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Hugo Aguilar Ortiz sometió a consulta con sus colegas del pleno la posibilidad de que se pudieran revisar resoluciones firmes de las Salas que tuvo la Corte antes de la llegada de la actual integración, es decir desconocer el principio de Cosa Juzgada que prohíbe expresamente juzgar dos veces un mismo asunto.
Al advertir esto, la Barra Mexicana Colegio de Abogados se pronunció para advertir sobre la gravedad de esta aberración y provocó una reacción de indignación que recogieron diversos medios nacionales, lo que sin duda influyó para que el intento del presidente de la Corte descarrilara el jueves pasado con un proyecto relacionado a la reforma a Ley de la Industria Eléctrica impulsada por AMLO, declarada inconstitucional por la anterior integración del Alto Tribunal. Sin respaldo de sus colegas, el primer intento de varios que vendrán para permitir a la Corte impugnar sus propias sentencias fracasó y propinó al oaxaqueño su primer gran revés jurisdiccional.
EDICTOS
Hay funcionarios dentro del Poder Judicial que han generado una obsesión enfermiza por aferrarse a la nómina. Un caso emblemático en lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal y ahora Órgano de Administración Judicial es el de Ricardo Barraza Gómez, ex Director General de Comunicación Social, que durante la administración de Norma Piña llevó las riendas de esa oficina bajo el signo de la prepotencia y una oleada de despidos injustificados, según testimonios de diversos ex colaboradores confiados a este columnista. Barraza fue despedido y dejó el cargo por la puerta de atrás en enero de este año en medio de un escándalo interno. La novedad es que Sergio Molina, ex consejero y ahora director de la Escuela Judicial defenestrado por sus intentos fallidos para ser Ministro y colarse a los órganos cupulares del OAJ decidió rescatar a Barraza y refugiarlo en su nómina con el puesto de Coordinador Técnico “B” con amplias prestaciones en aquella Escuela Nacional de Formación Judicial como se puede consultar en su página de internet.
No satisfecho con el salvavidas a costa del erario, el personaje se regodea ahora en anticipar que está respaldado por Molina y Nestor Vargas para escalar meteóricamente posiciones y tumbar del cargo a Francisco Hoyos y regresar a la Dirección de Comunicación del ahora Órgano de Administración, con las disputas internas que eso significa.
