El hambre y el obús
Por: Rafael Estrada Michél
Mientras discutimos si la calificación que de “terroristas” hace el gobierno de los Estados Unidos respecto de los cárteles delictivos se ajusta o no al orden jurídico internacional, los delitos de lesa humanidad vinculados al crimen organizado siguen dejando huellas imborrables de terror. Uno de los casos más estremecedores ha salido a la luz en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, sitial en el que se descubrió un campo de entrenamiento y de exterminio a escasos 60 kilómetros de la capital del estado, Guadalajara, lo que es tanto como decir que se halló en las inmediaciones de una de las ciudades más importantes del país.
Lo que alguna vez parece haber funcionado como un centro de reclutamiento y adiestramiento criminal a escala profesional ha revelado, gracias al trabajo de la sociedad civil y del periodismo independiente, una realidad aún más aterradora: un escenario de horror que expone la absoluta ineficacia estructural de las Fiscalías que detentan, de unos años para acá, el ejercicio “autónomo” de una labor importantísima: la del Ministerio público. Con todo y la pomposa “reforma judicial”, que desde el año pasado se ha cebado en contra de la función judiciaria, ni a nivel federal ni en los estados se ha tocado siquiera con el pétalo de un replanteamiento a la labor de las Fiscalías. Sin reformas significativas que fortalezcan su funcionamiento, lo que queda en evidencia es su incapacidad para atender la sempiterna crisis de violencia.
Desde el ámbito oficial, se ha justificado la inacción del Ministerio Público alegando la inmensidad del terreno del rancho, como si ello hiciera imposible una investigación efectiva. El mentís ha corrido a cargo de las Madres Buscadoras, ese grupo incansable que ha encabezado algunas de las manifestaciones más significativas no sólo del Movimiento Feminista, sino de la ciudadanía organizada en contra de la violencia, y ha demostrado ser mucho más eficiente en la localización de restos humanos y en la procuración de Justicia que las propias instituciones encargadas de garantizarla.
Ante la inacción, incomprensión y silencio de Fiscalías y Gobiernos, las Madres, que son ahora Legión y arrastran familias enteras, se dan a la macabra tarea de reconocer prendas y zapatos que pudieran haber pertenecido a sus niñas y niños, que eso son las víctimas que, apenas traspasada la primera juventud, se ilusionan con un trabajo “en el campo” que al final se troca, según testimonios e indicios que se cuentan por centenas, en un Holocausto: un sacrificio que resuena, atroz y rulfianamente, en el subsuelo de las libertades de México.
La pregunta pertinente no es si esto nos recuerda o no a Auschwitz o a Buchenwald, al Khmer rouge o a las tácticas de la narcoguerrilla colombiana que, en darwiniana estrategia, ponía a competir por sus vidas a los muchachos que reclutaba, sacrificando a los más débiles e inhábiles. La pregunta no es ni siquiera qué es lo que le están haciendo a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestro futuro, en los márgenes de la horripilante Zona de interés (que, además, parece tener réplicas en Tamaulipas, Coahuila y otras tantas tierras de lo que cada vez se parece menos a nuestra añorada República). La pregunta pertinente es si el paso de las décadas nos recordará como generaciones poseedoras de mujeres y hombres suficientes para colmar con sauces, álamos y pirules un Paseo de las Personas Justas como el que recuerda en el Museo Yad Vashem que nada está totalmente perdido si queda alguien dispuesto a defender la vida del otro, del nos-otros, si queda alguien dispuesto a luchar contra la calumnia que arrostran ahora, en medio de todo su dolor, las madres que buscan, las madres que, como Cecilia Flores, se rebelan contra la frivolidad oficialista que en trance de triunfalismo equivocado (como aquel que celebra el diferimiento de los aranceles hasta que desde el norte llegue la próxima guerra florida) se olvida de que no todo es un complot de la Oposición y de que hay dolores en serio, como el que sufren quienes no poseen siquiera un puñado de cenizas al cual acariciar y confortar.
Un Paseo de la Justicia que reivindique para todos la petición de perdón por la indolencia y el azoro inmovilista que Monseñor Javier Acero, obispo auxiliar de México, realizó en la imprescindible homilía pronunciada en ceremonia ecuménica que trascendió los muros catedralicios para apostarse en el principal nodo de la sangrante nación con miras a decirle a las Madres: “aquí estamos y aquí están nuestros brazos y nuestras palas, a sus órdenes”.
Y un Paseo con miles de hombres y mujeres justas que no se presten a reformas falseadas y que sostengan, en alta y clara voz, que la eterna inculpación de Fuenteovejuna no sirve más. En efecto, ya no se trata de culpar a jueces supremos o a policías municipales, a gobiernos estatales o a administraciones federales pretéritas. Se trata, hoy, de discutir a fondo (y de exigir en consecuencia) el modelo de procuración de Justicia que haga, por fin, eficaz y eficiente la labor del más vital de nuestros Ministerios públicos: el Ministerio que, de presunta buena fe, tiene a su cargo el mando y conducción de las labores de investigación y la generación de estrategias acusadoras que nos devuelvan un poco de la paz que se escabulló de los cuerpos de nuestros niños en el momento justo de su viaje atroz. Esa travesía terrible que solamente espíritus de bajeza inconcebible son capaces de negar.
