La jueza Ruth Haggy Huerta, del Juzgado Segundo Concursal del primer circuito en la Ciudad de México se encuentra en el ojo del huracán. En medio del contexto de la investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la intervención gerencial a CiBanco ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México, la juzgadora ha otorgado una peculiar suspensión definitiva en el amparo 107/2025 a favor de este banco que se encuentra sujeto a indagatorias por presunto lavado de dinero. A pesar de ya no contar con poderes vigentes conforme a lo resuelto en días recientes por la Secretaría de Hacienda, CiBanco sigue actuando en los procedimientos del concurso 666/2016 en los que se estarían desviando los recursos derivados de ese juicio a empresas asiáticas.
Los abogados del cuestionado banco han cometido lo que sería considerado como falsedad en amparo, al mentir en sus actuaciones ante ese órgano jurisdiccional, cuya titular conoce de esta condición irregular.
Como antecedente José Luis Violante Martínez, apoderado legal de CiBanco interpuso el amparo indirecto 107/2025 argumentando ser “persona ajena o extraña al juicio de origen” del requerimiento de pago y embargo de ese caso, manifestando bajo protesta de decir verdad que nunca le fue notificada la resolución por parte de la autoridad responsable y haberse enterado “de forma fortuita de la existencia del acto reclamado” mediante consulta electrónica en el sistema SISE del Poder Judicial de la Federación, refiriendo además que la única persona vinculada al concurso mercantil es CiBanco, pero sólo en su carácter de fiduciaria del fideicomiso CIB/2346.
Dicho amparo se radicó ante la juzgadora Haggy Huerta que lo desechó de plano en el mes de abril, al considerar la improcedencia y verificar que lo realizado por el banco como fiduciaria lo vincula. CiBanco se quejó ante tal determinación en junio y dicho recurso procedió a reconocerle la calidad de tercero ajeno al juicio, con el único antecedente de la protesta de decir verdad a cargo de Violante Martínez, que presuntamente incurrió en falsedades para obtener ventajas procesales, actualizando la comisión del delito previsto en el art. 261 fracción I de la Ley de Amparo.
De las constancias de autos y los informes previos y justificados rendidos por la autoridad responsable, se desprende que CiBanco y su apoderado legal habrían incurrido en omisiones, falsedades e inexactas manifestaciones en la demanda de origen del amparo referido.
En conclusión, tenemos frente a nosotros otro escándalo en medio del contexto de investigación que enfrenta esa institución y la intervención gerencial en curso que dificulta a sus clientes disponer de sus ahorros, situación que genera una grave incertidumbre que abre la posibilidad de plantear una solicitud colectiva ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para exigir atención inmediata.
¿La juzgadora Ruth Haggy Huerta estará consciente del lío en el que se acaba de meter y que podría propiciar repercusiones muy delicadas en Washington?
