Foto: El País
Es una responsabilidad que no admite curva de aprendizaje, hace falta mucho más que mero voluntarismo para asumir la representatividad del tribunal más importante del país, que deja de ser supremo con una integración de mediocres perfiles profesionales para tan especializados y trascendentes cargos jurisdiccionales.
El pleno que asumirá el uno de septiembre llega sin legitimidad, mediante un proceso carente de controles serios por la complicidad del INE cargado del lado del gobierno y con un 87% de abstencionismo. A los mexicanos, en general, no les importó el proceso de ocurrencia para aniquilar al Poder Judicial de la Federación, tampoco se percibe preocupación por lo que vendrá, funesto por necesidad en cuanto a los criterios de independencia que debería guardar este Poder de la Unión respecto al Ejecutivo y Legislativo.
La extinción de la división de poderes es un signo inequívoco de la muerte de la República y las consecuencias no alcanzan a dimensionarse por la gran mayoría de los mexicanos. Acabar con el Tribunal Constitucional representa un grave colapso para México y su esencial necesidad de una impartición de justicia autónoma, imparcial, objetiva y profesional.
Vendrá un tribunal cómplice, encabezado por un personaje que desconoce la naturaleza de su función. Hugo Aguilar Ortiz se ha dedicado al show del entretenimiento mediático, tras haber sido anunciado como el candidato más votado, anticipó que no usaría toga, como si eso fuera relevante ante la reforma que desfigura el espíritu de nuestra Constitución. En diversas entrevistas don Hugo dice que la Corte debe “salir a las calles y al campo”, imaginemos la parafernalia para sesionar en esas condiciones, que bajo ninguna circunstancia garantizan eficacia y sí mucho populismo judicial.
En algunas declaraciones a los medios oficiales ha dicho “el dinero no tiene por qué ser la materia de cambio para tener una sentencia justa. Vamos a construir un sistema de justicia basado en las convicciones, en la idea de servicio; ahí, la filosofía de los pueblos indígenas va a nutrir”. Una reflexión con el sello de los lugares comunes que definen la ambigüedad discursiva de Andrés Manuel López Obrador, su mentor.
Dijo también que los ministros que se van no atendían la realidad ciudadana y que sus resoluciones eran ajenas a las necesidades de la gente. Cabe decir que las decisiones de ese tribunal deben ajustarse a la Carta Magna y no a lo que en general definen retóricamente como las “necesidades de la gente”. Es decir, la justicia se aplicará conforme a los mandatos del pueblo y resulta que los que vienen tienen el monopolio de la interpretación de los anhelos populares, es la premisa del engaño disfrazado de transformación.
Si una aspiración social es negar la razón a un empresario incómodo en un amparo en revisión, ya nos podemos dar una idea de lo que será su justicia itinerante. Si el mandato del “pueblo” es limitar la crítica periodística porque viene de “adversarios” que no piensan como ellos, ya se anticipa también cómo adornarán la restricción a las libertades.
Si la “voluntad de la mayoría” pasa por darle impunidad a un aliado del régimen político, ese tribunal dará forma a la instrucción de Palacio Nacional, porque desde esos aposentos se considera que los buenos juzgadores son sólo aquellos que les dan la razón. Impensable un revés al Ejecutivo con la integración electa el uno de junio, ¿quién se arriesgaría a ser considerado un traidor por el atrevimiento a desobedecer?
A propósito de esta reflexión, cabe detenerse en una de las más notorias anomalías en este repertorio de despropósitos aterrizados en la vengativa reforma judicial de AMLO ejecutada por Claudia Sheinbaum. La Corte y por añadidura sus ministros, tengan o no toga, estarán supeditados al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, esta nueva inquisición podrá fincar responsabilidad, sancionar y destituir, si fuera el caso, a los integrantes del pleno que llegaran a tener lapsus de autonomía que desagraden a sus patrocinadores.
La señora Celia Maya García presidirá esta instancia de 2025 a 2027 y será acompañada por Verónica de Gyvés Zárate, Indira García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino León Tovar, justo los nombres que aparecieron en los acordeones para dicha elección, pero por favor no piensen mal.
¿Cuándo habríamos imaginado que el Máximo Tribunal dejara de ser instancia definitiva en las mismas entrañas del Poder Judicial? Los magistrados de disciplina electos se convertirán en el verdadero bloque de poder, junto con quienes sean designados para administrar juzgados y tribunales en todo el país, ahí se ejercerá casi la totalidad del presupuesto público asignado. Verdaderamente demencial para quienes todavía con ingenuidad consideran otorgar el beneficio de la duda al burlesque que vendrá.
El martes 12 de agosto de 2025 se realizará la última sesión del pleno de la Suprema Corte con su actual integración, ese día concluirán las 3 décadas de existencia de lo que fue nuestro Tribunal Constitucional. Ese que decidió miles de asuntos contra el Ejecutivo durante 5 sexenios, ese que anuló decenas de leyes inconstitucionales mal hechas en el Congreso de la Unión. Ese que tuvo facultades de investigación por violaciones graves a las garantías individuales como en el caso de Aguas Blancas, ese que se atrevió a resolver contra los intereses políticos de presidentes del PRI, del PAN y de Morena durante 30 años.
EDICTOS
Cómo ya lo tenía programado desde hace algunas semanas, a partir de la próxima semana tomaré unos días de vacaciones para regresar a publicar Libertad Bajo Palabra el jueves 7 de agosto, hasta entonces queridos lectores.
