El desempeño de los últimos 3 meses desde su nueva integración a partir de la elección que propició la decadencia acelerada del Poder Judicial dominado por criterios políticos, da la razón a quienes anticiparon el colapso de la impartición de justicia federal en manos de operadores improvisados.
Era previsible el retroceso de la institución al consumarse la destrucción de la carrera judicial de profesionales que transitaron por la meritocracia y se ganaron un sitio a través de concursos rigurosos para probar sus conocimientos, experiencia y criterio jurídico durante décadas de trayectoria.
Los que ahora con enorme carga propagandística agregan a la Corte el apellido “nueva” defienden sin argumentos los inexistentes resultados de un tribunal que sólo vende apariencias y carece de rigor jurídico con perfiles que muestran ánimo justiciero para seguir la pauta que les dicta el régimen político. Para robustecer lo expuesto basta con ir a los datos duros sobre el rendimiento de los ministros de septiembre a la fecha.
De acuerdo a sus propias estadísticas oficiales, esta Corte sin Salas resuelve un 44% menos de los asuntos que la integración anterior, desplazada con la reforma judicial impulsada por la 4T. Este dato en automático nos remite a deducir que el rezago de los expedientes se incrementa y por lo tanto la capacidad de respuesta del tribunal se aletarga para desmentir a quienes vendían la promesa de una mejor impartición de justicia tras la elección en las urnas de ministros, magistrados y jueces.
Con mucha propaganda desfasada de la realidad, esta Corte muestra sus profundas debilidades para ratificar el propósito original de una reforma diseñada para vulnerar la autonomía, independencia y profesionalismo que tuvo el Poder Judicial de la Federación.
En razón de este dato revelador hay muy poco que decir en el discurso de un triunfalista Hugo Aguilar Ortiz rumbo a su primer informe de labores que se publicitará ampliamente con poco más de 100 días de actividades y resultados paupérrimos en la práctica. Las fotos, los discursos populistas y la propaganda están muy por encima del rendimiento efectivo de este tribunal durante el cierre de un “annus horribilis” para la justicia constitucional.
EDICTOS
La imagen viva del oportunismo en la estructura del Órgano de Administración Judicial la encarna un personaje del que ya les he hablado. Ricardo Barraza Gómez, ex director de Comunicación Social en lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal, despedido en enero de 2025 carga con varios señalamientos de ex colaboradores por maltrato, hostigamiento y despidos injustificados. Además de usar el cargo para vincularse a aspirantes a juzgadores a los que cobró para asesorarlos en campaña, ahora está bajo la tutela y encubrimiento de Sergio Molina Martínez, Director de la Escuela Judicial.
La novedad es que Barraza da clases de maestría en gestión judicial sobre plataformas digitales, comunicación social y función jurisdiccional. No es broma en adelanto del día de los inocentes.
Para nadie es un secreto que el personaje fracasó como funcionario, sin aportar resultados positivos para la institución y carente de autoridad moral y profesional para dar consejos de lo que nunca pudo lograr. Barraza sigue vendiendo por fuera asesoría a funcionarios y juzgadoras como Karla Alín Ortiz Domínguez y algunos otros ingenuos que pretenden destacar en sus redes sociales. Con estos “catedráticos” ya podemos imaginar las deficiencias académicas en la maltrecha Escuela Nacional de Formación Judicial que dirige Molina.
