Está por cumplirse un año de la llegada de la Corte producto de la reforma judicial que el régimen impulsó a través de elecciones de ministros, magistrados y jueces.
Los togados usan su investidura para cumplirle al Ejecutivo tras elecciones que resultaron circenses con el uso de acordeones para palomear a los incondicionales elegidos, se inventaron un tribunal que desvirtúa su misión constitucional de equilibrio, objetividad, profesionalismo e imparcialidad.
El golpe al Poder Judicial de la Federación independiente arroja resultados catastróficos para la democracia constitucional. El control que ejerce el régimen morenista sobre los juzgadores ha permitido erradicar cualquier atisbo de resolución adversa a los intereses del gobierno federal y sus altos funcionarios en la administración pública.
Además del pobre nivel profesional y en algunos casos la vergonzosa exhibición de ignorancia jurídica de los integrantes de este pleno, el daño al andamiaje del país es irreversible, mientras el Congreso sea controlado por Morena y sus satélites. Ese es el contexto y para sustentarlo no hay más que revisar cientos de resoluciones carentes de técnica jurídica, cargadas de ideología, que simplemente desaparecen la esperanza de los justiciables en la defensa de sus derechos fundamentales. Esta Corte encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, es en realidad un gazapo histórico.
Para muestra 2 resoluciones de días recientes.
La primera que refiero, avaló traspasar al nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar impulsado por Andrés Manuel López Obrador cerca de 24 mil millones de pesos de cuentas inactivas de afores de personas mayores de 70 años que cotizaron en el IMSS o de 75 años, si fueron empleados federales bajo el régimen del ISSSTE. Es una de las decisiones más nocivas que se recuerde contra los intereses de personas en etapa jubilatoria, además se adoptó por unanimidad en el pleno, al declarar infundada la acción de inconstitucionalidad 116/2024 presentada por legisladores de oposición en la Cámara de Diputadosque denunciaron violaciones graves en el proceso legislativo durante la aprobación de la medida en 2024.
Aunque la Corte ha dicho que su fallo no afecta a los trabajadores o sus beneficiarios, es evidente que se avaló una arbitrariedad para disponer de esos fondos no reclamados. Además se estableció que la transferencia de recursos se realice de forma directa, sin necesidad de una orden judicial previa, en detrimento de la defensa jurídica de quienes caigan en este supuesto.
La segunda decisión, tiene que ver con la nulificación de los mecanismos para suspender bloqueos arbitrarios de cuentas bancarias a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se ha convertido también en una oficina de persecuciones políticas.
Los ministros han dejado de lado la protección que otorga la Constitución a todo ciudadano, resulta que si una persona sufre un bloqueo de cuentas bancarias basado simplemente en “indicios” a criterio de la autoridad, el afectado ya no tendrá la posibilidad de revertir la medida a través de una suspensión provisional, con lo que el juicio de amparo pierde efectividad.
La Corte estableció que los jueces de distrito no deben conceder suspensiones para levantar el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF, al apartarse de una jurisprudencia garantista de la anterior integración de ministros. Una cosa es combatir el lavado de dinero y otra muy distinta es usar este pernicioso mecanismo anulando la posibilidad defensa inmediata de un particular o una empresa que ahora serán culpables de blanquear dinero hasta que se demuestre lo contrario, dejando la carga de la prueba al afectado.
De ese tamaño y gravedad es la desvergüenza de esta Corte que da la espalda a la Constitución para pagar con obediencia al régimen político que los patrocina. En el Órgano de Administración Judicial el panorama es también desalentador, el nivel de los juzgadores sin carrera judicial electos a través de los acordeones es directamente proporcional al de Estela Ríos, el ministro chicharrón o Lenia Batres, lo que resulta indignante.
EDICTOS
Se ha formalizado lo que les anticipé en mi anterior columna publicada en julio, antes del receso vacacional del Poder Judicial de la Federación.
Fue hasta el 12 de agosto que el Tribunal de Disciplina Judicial oficializó el cese de su administrador Carlos López Guerrero, designado hace menos de un año. El desaseo, opacidad y dispendio de recursos en la oficina de Celia Maya terminaron pasando factura. En el Órgano de Administración Judicial que preside Néstor Vargas es un constante dolor de cabeza el desorden, grillas y pobres resultados de la oficina de Maya, que a pesar de la exhibida sostiene el proyecto de adquirir a costillas del erario un nuevo edificio para ampliar sus oficinas.
