En abril escribí sobre el agua podrida que recibimos en Guadalajara. La descripción no requería imaginación: bastaba abrir la llave. Agua maloliente, de color extraño, acompañada de un recibo impecable. Propuse exigir responsabilidades al SIAPA y llevar la inconformidad al terreno judicial. Seis meses después, los ciudadanos tuvieron que salir a la calle. El gobierno, que llevaba tanto tiempo sin resolver qué hacer con el agua, encontró rápidamente qué hacer con los manifestantes.
La marcha del domingo 11 de octubre reunió a miles de personas que exigían agua limpia. Frente a Casa Jalisco hubo derribo de vallas y agresiones contra policías. La respuesta incluyó gases, toletes, detenciones y chorros de agua que se veían limpios. Para las casas, agua podrida; para dispersar ciudadanos, agua clara y magnífica presión. Resultó que para eso sí había. Lemus atribuyó la violencia a un grupo de choque. Que pruebe quiénes lo integraban y quién los envió, si alguien lo hizo.
Lemus reconoció excesos policiales y detenciones injustas. Ahora hay denuncias de tortura durante la custodia, incluso dentro de Casa Jalisco. La Fiscalía estatal abrió catorce carpetas por posibles abusos y se reportan diecisiete policías separados de sus funciones bajo investigación. Cuatro manifestantes fueron vinculados a proceso y lo enfrentarán en libertad. También se presentó una denuncia ante la FGR contra el gobernador y otros funcionarios.
La frivolidad ya había dado muestras. En junio, durante los actos de apertura del servicio de transporte aeroportuario, rumbo al Mundial, Lemus se puso a hacer acrobacias dentro de una unidad. Columpiarse para las cámaras le resultó más fácil que sostener las responsabilidades del cargo. Entonces quiso divertir; ahora busca conmover con un acto de contrición. Guadalajara necesita un gobernador que gobierne. Hay que investigar quién golpeó, quién ordenó y quién permitió. La residencia oficial no puede quedar fuera por respeto a su inquilino.
La presidenta pidió investigar las denuncias de tortura y la CNDH anunció que atraerá el caso. Bienvenida esa diligencia; ojalá la desplegara con el mismo empeño frente a los gobiernos de Morena. Frente a un gobierno de oposición, como el de Jalisco, recupera el vigor fiscalizador que tanto se le reclama cuando los señalados son de casa. Que investigue a Lemus hasta las últimas consecuencias, pero que aplique la misma vara a los gobiernos de Morena. Los derechos humanos no cambian según el partido del agresor; la diligencia de su defensora no debería hacerlo tampoco.
Entonces apareció Morena, tan dado a comer santos y zurrar diablos. Su dirigencia exige la renuncia de Lemus como si sus gobiernos fueran ajenos a los abusos policiales. Lo he dicho muchas veces: son facciosos. Su indignación crece cuando pueden cobrarla electoralmente al adversario; cuando la responsabilidad queda en casa, descubren las virtudes de la prudencia.
Movimiento Ciudadano no puede esconderse detrás de esa hipocresía. La hipocresía morenista no absuelve a Lemus; los abusos de Lemus tampoco le conceden autoridad moral a Morena. Que se investigue a provocadores, policías y mandos, sin culpables prefabricados ni protegidos. La política se pudre cuando las víctimas se vuelven material electoral y las pruebas se sustituyen por propaganda. Guadalajara necesita agua potable, justicia y reparación. Los partidos quieren lavarse la cara. Para eso tampoco debería alcanzarles el agua.
