A un año de la reforma al Poder Judicial de la Federación y el ejercicio de la presente Corte, así como la creación del Órgano de Administración Judicialque reemplazó al Consejo de la Judicatura Federal y la invención del Tribunal de Disciplina Judicial, ha crecido un fenómeno de operación irregular para ofrecer sentencias al mejor postor.
Una situación tan grave que involucra Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito no podría pasar desapercibida en la revisión de corruptelas persistentes, que lejos de haberse erradicado como se ofreció, se normalizan aceleradamente en el sistema de impartición de justicia.
Sería imposible entender este modus operandi sin la participación de algunos juzgadores y funcionarios que compran impunidad. Y en medio de esta red quedan los justiciables como “clientes” potenciales para lograr resoluciones favorables en sus causas.
¿Cómo sucede? Para evitar rastros comprometedores hay un grupo de operadores que selecciona casos en los que personal de un órgano jurisdiccional tiende una red con algunos despachos y litigantes para orillar a los promoventes de algún asunto, generalmente complicado que lleva mucho tiempo sin resolución, para que con acuerdo del juzgador se ofrezcan sentencias favorables a cambio de fuertes cantidades de dinero. Se hace una recomendación para que ciertos abogados lleven el asunto con la garantía de que se logrará el fallo esperado, porque esta ya estaría acordada previamente. Una vez obtenida la resolución deseada, los litigantes que se prestan a ser pantalla del juzgador, entregan el botín a través de operaciones en efectivo para evitar registros bancarios o con la intervención de terceros para triangular las transferencias de recursos con otros cómplices que a veces resultan ser familiares.
Ustedes dirán que esas triquiñuelas no son nuevas, sin embargo es un hecho que el número de casos se ha incrementado alarmantemente con la actual administración del Poder Judicial de la Federación, en la que generalmente están involucrados jueces y magistrados recién llegados a través de las elecciones realizadas en julio de 2025, patrocinados por padrinos poderosos al interior.
Casos complicados en algunas entidades son litigados en otros circuitos judiciales a través de los juzgados denominados auxiliares. Tengo varios casos documentados con estas características sobre diversos amparos en los que estarían involucrados jueces de distrito adscritos en Zacatecas y otras ciudades. Dentro de esta red hay funcionarios que ofrecen a los clientes darle seguimiento a las sentencias favorables en la segunda instancia, ante los Tribunales Colegiados, como una especie de paquete completo de servicios continuados.
Tengo en mi poder algunas resoluciones que han sido objeto de negociación con este mecanismo para privilegiar el dinero que hay de por medio y así “facilitar” casos en los que generalmente media la desesperación de los justiciables. También es cierto que hay litigios en los que al promovente le asiste claramente la razón y no necesitarían torcer nada, pero se ofrece un bien muy preciado en la burocracia judicial, la prontitud para sentenciar un caso.
Este tipo de operaciones vuelan por debajo del radar del Tribunal de Disciplina Judicial, que evita deliberadamente hacer indagatorias para exhibir a los involucrados solapados desde la impunidad para vender sentencias al mejor postor y en esa oficina sobresale la presunta participación de Vladimir Véjar Gómez, Director del Órgano de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas, personaje muy cercano a Celia Maya.
La selección de casos susceptibles obedece al estudio detallado del cliente o empresa, su capacidad económica y el grado de complejidad o dilación en el caso.
Otro tema de escándalo es el que involucra en este tipo de corruptelas a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que por debajo del agua guarda sociedades y vínculos estrechos con algunos despachos que él mismo recomienda para garantizar resoluciones satisfactorias a los promoventes de algún litigio bajo su ponencia.
El mercadeo de la justicia federal es un fenómeno que tiende a generalizarse de forma alarmante con los que ofrecieron purificar el quehacer jurisdiccional, una falsedad del tamaño de su cinismo.
EDICTOS
Este lunes 7 de septiembre Hugo Aguilar Ortiz encabeza la ceremonia con motivo de su primer año de labores. ¿De verdad creen que con eslogansrimbombantes nos harán olvidar que el Poder Judicial de la Federación está desfigurado? Lo digo por el título que algún “genio” vendió como idea para la promoción de la ocasión “1 año de justicia real y verdadera”. Inmersos en una narrativa falsa que pretende desconocer tantos atropellos dentro de ese Poder, también siguen la tendencia de moda del régimen gobernante, al final del día ya son lo mismo, ¿o no? Están obsesionados por patentar la verdad como si no fuera obvio que a fuerza de simulaciones nos intentan vender la idea de que ellos la honran. Resulta absurdo que quienes han demolido instituciones que fueron autónomas nos digan que uno de sus atributos es la encarnación de la verdad.
