Es indiscutible que la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en la capital de Sonora, nos marcó de forma imborrable.
Como ocurre en estos indignantes casos, el tráfico de influencias, el encubrimiento, corrupción y abuso del poder muestran esa cara del México que nos avergüenza profundamente. La muerte de 49 menores en la guardería ABC, el colapso de un tramo de la línea 12 del metro en 2021 que tuvo como desenlace la muerte de 20 personas y más de 80 heridas, o la impunidad escandalosa en el colegio Rébsamen de la Ciudad de México, en donde se permitió la construcción irregular de un piso adicional al inmueble que terminó colapsando durante el terremoto de 2017, tienen un común denominador, se pudieron evitar.
La coyuntura de la reciente decisión de la Corte respecto a la guardería ABC, para declarar que no es imprescriptible el delito de homicidio por omisión, hizo recapitular muchos episodios de disputas jurídicas ya superadas técnicamente con decisiones, tesis y criterios firmes. Ahora con este tribunalito secuestrado por la ideología, estamos frente al diagnóstico de una memoria selectiva de los ministros para hacer más evidentes sus sesgos.
La decisión sobre la no prescripción en el asunto ABC abre un debate jurídico en el que se rompen los esquemas de seguridad jurídica y de la institución de la prescripción en el ámbito penal. Por ejemplo, equipara homicidio por omisión y culposo (sin dolo) con crímenes de lesa humanidad o genocidio, cuando es claro que tienen profundas diferencias y consecuencias técnicas.
En el caso concreto, se genera una narrativa oportunista sobre un contexto que provoca natural indignación al tratarse de las vidas de 49 menores. En la Corte, Yasmín Esquivel aseguró en sesión que con esta determinación se honra la memoria de los niños fallecidos en el incendio. El proyecto de Loretta Ortiz estableció que es aplicable la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero jamás precisó que la declaratoria de no caducidad (imprescriptibilidad) implicaría también a la materia penal, para forzar el acomodo de su propuesta. Con buenas razones, Giovanni Figueroa pidió a Loretta Ortiz matizar las referencias que desdibujan las fronteras entre delitos culposos y el genocidio. Y para colmo, Estela Ríos dijo que el caso ABC fue resultado del modelo neoliberal.
Concluyo con dos preguntas:
¿El ánimo justiciero y la “creatividad” de este tribunal no debiera también considerar la revisión del caso de la línea 12 del metro, cuando Claudia Sheinbaum era Jefa de Gobierno de la capital?
¿A estos togados de doble moral, no les alcanza su “amplitud de criterio” para revisar las responsabilidades respecto al derrumbe del colegio Rébsamen, cuando Sheinbaum era alcaldesa en Tlalpan, cuyas omisiones también costaron la vida de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad?
EDICTOS
Lo de la Corte presidida por Hugo Aguilar Ortiz, es populismo judicial. Valiente justicia selectiva para vulnerar la certeza del Derecho a su conveniencia ideológica, justicieros con toga que miden la gravedad de violaciones de derechos humanos con la parcialidad que más agrada a su dueña, que aplaude desde Palacio Nacional. En este contexto, las decenas de miles de muertos de la pandemia tras la incompetencia y omisiones criminales de AMLO, los de la línea 12 del metro y el Rébsamen, ¿también merecen un minuto de silencio en el pleno para honrar su memoria o ellos no?
