Hay un caso que destruye la credibilidad del aparato burocrático que preside Celia Maya García dentro del Poder Judicial de la Federación. Tiene que ver con un perverso personaje llamado Vladimir Véjar Gómez, titular de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de ese órgano que juzga a los impartidores de justicia en todo el país.
El asunto es una bomba porque exhibe la forma en que son presionados los juzgadores para inclinar la balanza en casos de interés personal de funcionarios de alto rango en esa estructura, que se dijo sería imparcial y objetiva, condiciones muy mencionadas en los discursos, pero inexistentes en la realidad.
Véjar jugó en la elección de los acordeones bajo el ridículo lema de “el guardián de la justicia” y ahora es el inquisidor de Celia Maya, que durante su gestión ha estado más interesada en jugar con la permanente aspiración de ser nuevamente candidata al gobierno de Querétaro, posibilidad que se frustró hace unos días y a la que le ha dedicado recursos públicos, personal y casi la totalidad de su tiempo.
Resulta que Graciela Zamudio Campos, Jueza Decimocuarta de Distrito en Baja California, con sede en Tijuana denunció al interior del Poder Judicial que ha sido presionada vía telefónica y personalmente por Vladimir Véjar para que resuelva a su favor un litigio que involucra un inmueble, presuntamente de su propiedad en aquella ciudad fronteriza.
El asunto exhibe uno de diversos abusos que se tienen documentados, la juzgadora mencionada ha sido amedrentada y a pesar de sus temores se atrevió a exponer las presiones para visibilizar al inquisidor que tendría que enfrentar una investigación seria.
Una fuente de alto nivel me confirma que hay documentos que prueban el grave conflicto de interés en el que está inmerso Véjar, conocido por la fabricación de expedientes de responsabilidad para manosear resoluciones de jueces y magistrados federales, ante lo que la señora Maya se hace de la vista gorda. El escándalo no termina ahí, porque además hay evidencia del desorden administrativo generalizado en el Tribunal de Disciplina Judicial.
La semana pasada Maya realizó una gira por Baja California, acompañada de una nutrida comitiva de funcionarios públicos que aprovecharon el viajecito para cruzar la frontera a Estados Unidos e ir de compras al famoso Valle de Guadalupe. Vehículos, gasolina, alimentación, viáticos y un séquito a su disposición para hacer más placentera la experiencia del shopping.
Este tipo de dispendio ha sido sistemático, al grado de que hace 3 semanas y ante el cúmulo de gastos injustificables en varios viajes, Carlos López Guerrero, administrador del Tribunal de Disciplina nombrado por Maya García fue despedido de forma fulminante.
Las tropelías en esa oficina fracturan el falso discurso de austeridad que tanto se proclama en el Poder Judicial. El oscuro personaje que se ostenta intocable, tendría que ser llamado a cuentas por su afán de aprovechar el cargo para buscar resoluciones favorables a sus intereses personales.
EDICTOS
Como si lo anterior no fuera suficiente, la señora Maya busca adquirir un edificio para montar sus nuevas oficinas, faltaba más. Ya le parecen poca cosa los pisos que ocupa en Insurgentes 2417. Si hablamos de los paupérrimos resultados de su trabajo en disciplina tendríamos que decir con base en datos oficiales, que de aproximadamente 6 mil quejas presentadas se han admitido 800, de las cuales sólo se han sancionado 11 casos en poco más de 9 meses en funciones.
