Para 53 de 66 asociaciones de juzgadores de los 5 continentes, cerca del 80% de la totalidad de representaciones votantes, nuestro país es considerado una anomalía para la independencia y autonomía que debería preservar el Poder Judicial dentro de la estructura del Estado mexicano.
Lo dicen de forma contundente desde la International Association of Judges (IAJ) institución apolítica fundada en Austria hace 73 años, con sede permanente en Roma que reúne a 93 asociaciones de juzgadores del mundo. El objetivo de la IAJ, agrupación consultiva de la Organización de las Naciones Unidas, es proteger la independencia judicial, considerada una condición esencial de la función de juzgar para garantizar la objetividad, más allá de gobiernos o condiciones políticas. Otro de sus propósitos es salvaguardar el estatus constitucional de las autoridades judiciales en las naciones asociadas.
La independencia de los juzgadores es considerada una garantía del respeto a los derechos humanos, se trata de un criterio de aceptación global, evaluado también para medir la calidad de las democracias o la ausencia de ellas.
En la sesión realizada en Lisboa, Portugal, según comentó a este columnista el juez Marcello Gallo Tagle, de Argentina, Presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, el titular de la CONATRIB en México expresó su versión sobre la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador. “No fue producto de la animadversión del Ejecutivo contra los juzgadores federales, sino por un conflicto presupuestario provocado por los impartidores de justicia”, dijo con desparpajo.
Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mintió en la sesión en la que se le dio audiencia a la representación mexicana para explicar su proceder ante el atropello de resonancia internacional.
El propio juzgador argentino Gallo Tagle, reprochó a Guerra que la defensa de la independencia judicial no admite puntos medios, o se defiende o no se defiende. Sostuvo que la CONATRIB debió rechazar la destitución de ministros, magistrados y jueces de manera enérgica, en vez de emitir un comunicado en el que se reconoció “acompañar” la modificación constitucional en el contexto de una negociación.
Rafael Guerra insistió en maquillar la gravedad de la reforma del obradorato al declarar “que el impacto sobre los jueces mexicanos había sido limitado”. En su intervención Adriana Orocú juzgadora de Costa Rica, exhibió la falsedad de esta afirmación con datos duros del INE en los que desglosó la numeralia de los impartidores de justicia cesados: 386 jueces federales, 464 magistrados de circuito, 31 funcionarios entre ellos consejeros de la judicatura, ministros y titulares de cargos judiciales en 19 estados. Es decir, 2681 personas destituidas, lo que para Guerra había sido un “impacto limitado”.
Otras inconsistencias en la versión de la CONATRIB ante la International Association of Judges, radicó en asegurar que “la reforma fue producto del ejercicio de la soberanía popular”, que su desempeño es “estrictamente apolítico” y que “sí defendió la independencia judicial con diversas acciones”.
Estas declaraciones faltan a la verdad, están documentados los comportamientos entreguistas y complicidades como presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos ante el régimen morenista, al que él y su señora esposa deben el cargo y sus privilegios.
La debilidad de la defensa fue evidente y se procedió a la votación, el resultado fue la expulsión, un hecho inédito e indignante para nuestro país y los titulares de los 32 poderes judiciales en las entidades federativas. Esta determinación no es sólo una anécdota, expone los devastadores efectos del golpe a nuestra democracia constitucional y la desaparición de la división de poderes.
México ya es una irregularidad judicial en el concierto de las naciones, equiparable a Nicaragua, Corea del Norte, Afganistán, Siria, Venezuela, Cuba y China. Países en los que sus jueces están subordinados a las autoritarias burocracias gobernantes o sus respectivos partidos de Estado.
EDICTOS
Sergio Uzeta Murcio, todavía Coordinador de Comunicación Social del INE con Guadalupe Taddei, que renuncia este lunes 26 de octubre tras diversos abusos e irregularidades que deben investigarse exhaustivamente y en su caso sancionarse, tiene bajo su trayectoria antecedentes de procesos administrativos que derivaron en inhabilitación para ejercer cargos públicos. El más sonado fue cuando dirigió NOTIMEX y se le encontró culpable de comprar equipo de televisión con sobreprecios. También enfrentó indagatorias administrativas durante su breve paso por la Corte y diversas observaciones no solventadas durante la creación del Canal Judicial por las mismas razones y otros señalamientos. Pasaron los años y parece que replicó estos mismos comportamientos durante la administración Taddei, marcada por los excesos y conflictos de interés. Con la renuncia de ella, necesariamente será otro de los funcionarios que deberán irse y quedar sujeto a investigación con los antecedentes de la agencia Veritas Vox y sus vínculos con Itzel Sandino Piña Soria, hija de una muy cercana proveedora en los negocios de Taddei en las oficinas de Viaducto Tlalpan.
