No habrá estrategia eficaz para combatir a la delincuencia, sin reducir los niveles de impunidad en nuestro país. Mientras uno de cada 100 delitos cometidos quede sin castigo, seguiremos siendo un Estado de Derecho fallido.
La renuncia a una política eficaz de combate al crimen mostrada el sexenio pasado, con los mensajes ampliamente conocidos de claudicación, incluso de complicidad a cargo de Andrés Manuel López Obrador, costarán más sangre en los años por venir.
El gobierno federal está en medio de una espiral incontrolable de violencia, no existe ninguna táctica eficaz, sólo reacciones tardías.
El contexto se integra de varias situaciones: una narrativa falaz de las autoridades federales trata de ocultar el fracaso, empezando por la incapacidad de la Fiscalía General de la República, que además ha politizado su trabajo para exonerar a personajes del régimen gobernante y familiares del ex presidente involucrados en actividades delictivas. Al tiempo que se persiguen adversarios políticos, también se garantiza impunidad a peces gordos como Rafael Ojeda Durán, ex Secretario de Marina, hundido en los lodos del huachicol.
El panorama es desolador porque se abandona a las víctimas ante las tragedias que se normalizan. Las corporaciones policíacas, fiscalías, ministerios públicos siguen siendo incapaces y cómplices a fuerza de plata o plomo en muchos casos.
Vamos a las cifras, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 del INEGI, dada conocer este mes, se establece que el año pasado se cometieron aproximadamente 33.8 millones de delitos, de los cuales sólo 9 de cada 100 fueron denunciados. Es decir, tenemos una cifra oculta (negra) que ronda el 91% y una impunidad que se acerca al 99 por ciento.
¿Cuál es el mensaje? El sistema es inoperante, insignificante para castigar ilícitos. Esas 9 denuncias en cada 100 delitos cometidos no necesariamente llegan a tener éxito en la maquinaria de procuración e impartición de justicia, ya que es prácticamente inexistente una sentencia condenatoria para quien delinque.
Según la muestra estadística de la citada encuesta, en 11.7 millones de hogares, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito. El 74% de los mexicanos considera vivir en una condición de inseguridad; en este rubro el vergonzoso top 3 indica que el 90% de los mexiquenses, el 88.7% de los morelenses y el 87.6% de los tabasqueños confiesan sentirse inseguros en sus entidades. Datos por demás contundentes.
El estado de Morelos, gobernado por la morenista Margarita González Saravia y sin olvidar a su impresentable antecesor, Cuauhtémoc Blanco, es el número uno en extorsiones a nivel nacional. Esto de acuerdo a la tasa de este delito por cada 100 mil habitantes que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y en más de Morelos, mencionado recientemente en medios internacionales por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido en Cuautla, el caso de la ciudadana española visibilizó un tétrico racimo de este tipo de delitos en esa entidad, con un total de 70 en los últimos 9 meses. Tuvo que haber un escándalo internacional para exponer la displicencia de la gobernadora que ha entregado la plaza a los criminales.
Se podrían mencionar cientos de estadísticas más, como la de Sinaloa que acumula en los últimos 2 años un total de 3,865 homicidios dolosos, es decir 5.2 diarios, como saldo de la narcoguerra que se libra en esa entidad que fue gobernada por Ruben Rocha Moya, investigado desde los Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado, solapado y protegido por autoridades federales.
La conclusión es evidente aunque no se menciona en los discursos oficiales. Matar, violar, extorsionar, secuestrar y desaparecer personas es sencillo en México, existe la seguridad de que el castigo es prácticamente imposible. Se llama impunidad.
EDICTOS
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con datos actualizados en mayo de 2026, existen más de 128 mil personas desaparecidas en nuestro país. El Comité de la ONU para la Desaparición Forzada, publicó en abril de este año un informe que estima que se han descubierto más de 4,500 fosas clandestinas con más de 6,200 cadáveres y más de 72 mil restos humanos no identificados en México. Datos espeluznantes que muestran el horror de una crisis permanente que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tratado con desdén e insensibilidad.
